Un día como hoy, en 1976 las FF.AA. argentinas derrocaban por sexta vez en 46 años a un gobierno constitucional para reemplazarlo por un gobierno de facto.
Pero esta vez no sólo –como en golpes anteriores- cometían el delito de infame traición a la Patria para defender los intereses de sus tradicionales socios corporativos –Iglesia, oligarquía ganadera, burguesía industrial, empresas multinacionales- sino que estaban dispuestas a exterminar, mediante el terrorismo de Estado, una organización y movilización popular que eran un serio impedimento para sus fines: la instauración de la política económica neoliberal. Se pretendió abatir a una generación de militantes políticos y sociales que luchaban por un futuro de justicia, igualdad, independencia y soberanía para nuestro pueblo.
Todos conocemos las secuelas del terrorismo de Estado, que comenzó en la última etapa constitucional previa al golpe. La desaparición forzada de personas, un crimen de lesa humanidad que lo caracterizó, torturas, asesinatos, robo de niños, prisión y exilio interno y externo para cientos de miles de personas; y desocupación, pobreza y hambre para millones de habitantes de este suelo.
Hace hoy 29 años del golpe y llevamos 21 años de gobiernos constitucionales. Sin embargo, los organismos de Derechos Humanos nos vemos obligados a decir
¡Basta de impunidad y de violaciones a los DDHH civiles y políticos, económicos, sociales y culturales!
Señalamos algunos de los logros obtenidos en estos últimos años: la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, la entrega del predio de la ESMA y otros centros clandestinos y su destino como Espacios para la Memoria; la construcción, aún inconclusa, del Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, todo ello fruto de la lucha inclaudicable del pueblo que se sumó a nuestras exigencias y de la voluntad política de algunos gobernantes.
* Las Abuelas han recuperado 80 de sus nietos y siguen en la lucha por encontrarlos. Cuántos más hubieran podido encontrarse si el Estado hubiera asumido sus obligaciones. Pero han pasado 30 años, perdidos para esos nietos, hijos, hermanos, sobrinos, cautivos de su falta de familia e identidad. Hoy esos niños son adultos y han comenzado a buscar esa identidad perdida, y ellos mismos se encuentran al encontrar a su verdadera familia y conocer la verdad sobre sus jóvenes vidas. Que todos los que tienen dudas sepan que sus familias los esperan ansiosamente y con los brazos llenos de amor.
* Se ha instituido el Archivo de la Memoria para preservar documentación que permitiría llegar a conocer lo que ocurrió con todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos. Los familiares, amigos, compañeros de militancia y de cautiverio que fueron liberados han gritado al mundo las verdades sobre crímenes aberrantes que se cometieron. Sin embargo, ni los victimarios ni el Estado han contestado nunca al requerimiento de Verdad de la sociedad acerca de Cómo, Dónde, Cuándo, Quién y Por Qué se decidió su destino. Así continuamos con la ausencia dolorosa de toda una generación. Ausencia con búsqueda sin respuesta.
* A raíz de la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad dictadas por el gobierno de Alfonsín, se han reabierto decenas de causas y hay 121 represores detenidos , que tienen garantidos todos los derechos que negaron a sus víctimas y para quienes exigimos que cumplan sin prebendas su prisión en cárceles comunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha declarado aún inconstitucionales esas leyes y es urgente que lo haga.
* También siguen vigentes los indultos presidenciales de Menem a represores, la mayoría inconstitucionales y todos aberrantes por beneficiar a criminales de lesa humanidad.
*La política del “gatillo fácil” sigue siendo aplicada por la policía como práctica de eliminación de adolescentes y jóvenes y se agrava aún más en los sectores más humildes cobrándose también víctimas entre quienes presencian o intervienen en esos hechos.
* Siguen procesados miles de luchadores populares sin que haya habido, pese al reclamo constante, una solución para la situación de estos compañeros. Nuevamente pueblan las cárceles de nuestro país presos políticos, detenidos por manifestar públicamente en reclamo de sus derechos y está en prisión el militante chileno Sergio Apablaza Guerra, con pedido de extradición del gobierno de ese país, quien sufrió desaparición y tortura, fue expulsado por la dictadura chilena y condenado sin juicio por delitos políticos por tribunales pinochetistas .
* En las cárceles, como en las comisarías, la tortura es un hecho cotidiano y sistemático . Denunciamos condiciones carcelarias inhumanas y que no existen políticas efectivas que posibiliten la reinserción de los presos en la sociedad luego de cumplir sus condenas. Muy por el contrario, las cárceles son “escuelas del delito” y los Servicios Penitenciarios una mafia al servicio de la delincuencia.
* Una mención especial merecen los Institutos de Menores, verdaderas cárceles de niños y adolescentes con todos los vicios señalados, pero con el agravante que implica la violación de la Convención por los Derechos del Niño, la edad de los reclusos, la responsabilidad del Estado por sus condiciones de vida, y que son las generaciones futuras de nuestro pueblo.
* Los problemas de seguridad persisten , pese a algunas políticas serias al respecto. Rechazamos las soluciones basadas en el aumento de penas y, especialmente, en la baja de la edad de imputabilidad de los menores. El Estado debe asumir que la delincuencia se combate con la creación de puestos de trabajo, vivienda digna y educación por un lado y la persecución de la corrupción y de las prácticas policiales ilegales por el otro.
* La masacre de Cromañón y sus 194 víctimas nos duelen a todos los argentinos y nos solidarizamos con sus familias. Se conjugaron para que esto ocurriera el incumplimiento de normas, la corrupción, la negligencia del Estado, el entrecruzamiento de competencias entre Gobierno local y Nacional y una inquietante cultura de irresponsabilidad, como secuela de la política neoliberal que excluye todo valor humano. Como respuesta, oficialismo y oposición preocupados por deslindar o atribuir responsabilidades y obtener ventajas políticas.
* Los tres poderes del Estado en la Ciudad y en la Nación deben asumir sus responsabilidades. Los Ejecutivos investigando las causas de lo sucedido y asumiendo nuevas políticas de prevención, las Legislaturas dictando leyes a ese efecto y el Judicial determinando las responsabilidades de los imputados y castigando a los culpables.
* La primera causa de mortalidad materna es la práctica de abortos clandestinos . Por eso pedimos una legislación que despenalice dicha práctica, educación sexual y el respeto a la libertad de conciencia y decisión de las mujeres.
* Por último reafirmamos nuestra pertenencia a América Latina. Nos solidarizamos con los pueblos originarios y su lucha por la recuperación de sus tierras y el respeto por sus culturas. Reafirmamos que la unidad de América será la única garantía de independencia política y económica y la única posibilidad de luchar con éxito contra el imperialismo. Un imperialismo que hoy promueve la militarización del continente y exige la sanción de una ley antiterrorista, ley que durante años venimos rechazando pues está destinada a reprimir las luchas populares.
Un imperialismo que sólo sabe de poder y dominación en todo el mundo, como lo demuestran sus políticas mesiánicas en Oriente y Medio Oriente y cuyas consecuencias son muerte por balas y por hambre.
Políticas que en los ´70 fueron de represión y endeudamiento, endeudamiento que continuó por más de treinta años en que nuestros gobernantes comprometieron al Estado, avalaron empresas particulares, firmaron infames acuerdos bilaterales, permitieron una fuga colosal de capitales y destruyeron la economía del país y su aparato productivo.
Mientras se negoció una quita de la deuda con los acreedores privados, se ha privilegiado al FMI. Ya hemos pagado en concepto de intereses varias veces las deudas externas contraídas. Sólo en los últimos tres años se han desembolsado 10.000 millones de dólares.
Por eso decimos que no debe pagarse una deuda externa que es ilegítima, inmoral y fraudulenta y que se está pagando con el hambre, la pobreza y el sacrificio de millones de argentinos.
La deuda que el Estado debe pagar es la que tiene con el pueblo y esto implica una distribución justa de la riqueza.
No hay más que mirar los indicadores sociales: la desocupación, la pobreza, la indigencia, la distribución del PBI, la desnutrición, la mortalidad infantil, las enfermedades evitables, la deserción escolar, la calidad de la enseñanza, el déficit de vivienda, para demostrar que, a pesar de políticas sociales, paliativas de problemas de desocupación, salud y vivienda, el Estado sigue sin ofrecerle a la mayoría de sus habitantes la posibilidad de vivir dignamente.
Con orgullo podemos decir que en nuestro país la lucha continúa. Que día a día nuestro pueblo participa en el logro de edificar otro país .
Pues la única manera de construir es con participación. Y queremos, debemos, necesitamos, construir un país distinto. Un país para todos. Un país con trabajo, salud, educación y vivienda. Un país donde la equidad sea la norma y la injusticia la excepción. Un país en el que el derecho a la vida sea sagrado. Un país independiente, con un proyecto de liberación.
El país por el que vivieron y lucharon nuestros 30000 detenidos-desaparecidos .
Abuelas de Plaza de Mayo
APDH -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Hermanas y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
H.I.J.O.S. -Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora
SERPAJ -Servicio Paz y Justicia
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